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El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas extraordinarias de protección laboral y social para personas trabajadoras, autónomas y empresas afectadas por los incendios forestales. Entre ellas destacan la flexibilización del acceso a la prestación por cese de actividad para personas autónomas y las exenciones en cotizaciones sociales para empresas, actuaciones en las que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social desempeñan un papel relevante en la gestión y protección de las personas afectadas.
El Real Decreto-ley con medidas extraordinarias de protección laboral y de Seguridad Social ofrece una respuesta urgente a las personas y actividades económicas que han sufrido las consecuencias de evacuaciones, confinamientos, restricciones de acceso y otras medidas de protección civil.
Una de las principales novedades es la creación de una prestación extraordinaria por emergencia extrema para las personas trabajadoras que se vean obligadas a suspender temporalmente su actividad laboral. Esta ayuda podrá solicitarse cuando los incendios impidan acceder a la vivienda habitual, sea necesario llevar a cabo tareas de limpieza y recuperación de bienes o existan responsabilidades de cuidado de familiares afectados por la emergencia.
En el ámbito de la Seguridad Social, el decreto incorpora medidas específicas para los trabajadores autónomos. Aquellos que hayan tenido que cesar total o parcialmente su actividad en municipios afectados podrán acceder a la prestación por cese de actividad mediante un procedimiento simplificado y sin necesidad de acreditar la existencia de fuerza mayor.
Asimismo, las empresas que se vean obligadas a recurrir a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como consecuencia de los incendios podrán beneficiarse de una exención del 100% de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social durante el periodo establecido por la norma. Esta medida pretende facilitar el mantenimiento del empleo y apoyar la recuperación económica de las zonas afectadas.
El real decreto también amplía la protección de los trabajadores mediante garantías laborales específicas y la mejora de determinados permisos vinculados a las consecuencias de los incendios, incluyendo los casos de fallecimiento de familiares relacionados con esta emergencia.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que estas actuaciones buscan ofrecer una respuesta “extraordinaria y urgente” para que trabajadores y empresas puedan afrontar las consecuencias inmediatas de una catástrofe que ha alterado profundamente la vida de miles de personas.
Las medidas tendrán efectos desde el 22 de julio de 2026 y permanecerán vigentes hasta la finalización de la campaña anual de alto riesgo de incendios forestales.
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Real Decreto-ley 20/2026, de 29 de julio. DECRETO – LEY COMPLETO.
